El Departamento de Protección Social (DPS) es el encargado de la implementación de una Renta Ciudadana a lo largo de toda la nación. Esta iniciativa forma parte del Sistema de Transferencias, y se trata de una entrega de recursos monetarios, tanto condicionados como incondicionados, de manera gradual y progresiva a los hogares en situaciones de pobreza, miseria extrema y vulnerabilidad económica.
El objetivo es contribuir a la erradicación de la pobreza y promover la movilidad social.
¿Qué es?
Es un programa transitorio que garantizará un ingreso de hasta 500 mil pesos mensuales a hogares en situación de pobreza extrema, con el objetivo de contribuir a la superación del hambre, alcanzar progresivamente autonomía económica y acceder al goce de derechos fundamentales.
¿A quién va dirigido?
Serán más de 3 millones de hogares de todo el país y privilegiará a madres cabeza de hogar con niños y niñas menores de 6 años. Los montos más altos (hasta $500.000) serán para familias de los 466 municipios con prevalencia alta y muy alta de desnutrición infantil, los cuales fueron identificados en los mapas de hambre elaborados por el Gobierno Nacional, municipios con mayor índice de pobreza multidimensional y municipios PDET. Asimismo, se tendrá en cuenta la conformación del hogar y el cumplimiento de las corresponsabilidades en la atención en salud y acceso a la educación de los niños y niñas.
¿Cómo puede un hogar saber si es beneficiario?
La transición a la Renta Ciudadana tomará como base a las familias que estén inscritas en convocatorias anteriores de 2021 y 2022 de programas de transferencias condicionadas de Prosperidad Social, privilegiando a más de 1,6 millones de hogares del grupo A, a 1,2 millones del grupo B del Sisbén IV y a 113.000 hogares de comunidades indígenas y desplazados.
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