
El futuro del subsidio de Renta Joven ha generado preocupación entre los beneficiarios. Este programa, destinado a ofrecer apoyo económico a jóvenes entre 14 y 28 años, enfrenta una posible discontinuación debido a los ajustes fiscales anunciados por el gobierno colombiano.
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El pasado sábado 28 de diciembre, Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, se dirigió a los jóvenes beneficiarios a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. Hizo un llamado a la calma ante la incertidumbre provocada por la caída de la reforma tributaria y la directriz presidencial de establecer un plan de austeridad para 2025.
Aunque el futuro de Renta Joven aún es incierto, Bolívar enfatizó que el equipo económico está valorando distintas alternativas para continuar con el programa.
Después de un permiso no remunerado, el Director del DPS anuncia: «Las transferencias en adelante serán para aquellas personas que no pueden trabajar. Ancianos, niños y personas con discapacidad. Para los 486 mil estudiantes de Renta joven ya garantizamos los recursos para el 1er semestre. Seguimos buscando los recursos para el 2° semestre.»
En su publicación, Gustavo Bolívar también informa que Jóvenes en Paz cubrirá los pagos a 10,000 jóvenes este año.
Presupuesto de Prosperidad Social 2025: Priorización de programas
Durante una entrevista con Caracol, Bolívar explicó que los recortes de presupuesto han forzado al gobierno a limitar los programas de transferencias monetarias a tres iniciativas clave para el siguiente año:
- Colombia Mayor: Este programa está diseñado para proporcionar asistencia económica a adultos mayores en situación de pobreza extrema. Las ayudas ofrecidas por este programa se incrementarán de $80,000 a $235,000 pesos, beneficiando a un total de 2.8 millones de personas.
- Renta Ciudadana: Este subsidio se focaliza en madres cabeza de hogar con hijos menores de seis años y personas que requieren cuidados constantes debido a alguna discapacidad.
- Devolución del IVA: Esta transferencia monetaria está pensada para mitigar el impacto que el impuesto al consumo tiene sobre los hogares más pobres, ofreciendo montos de hasta $100,000 pesos.