Un nuevo proyecto de ley busca frenar el riesgo de que miles de hogares pobres pierdan sus subsidios por fallas del Sisbén y del RUI.
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La discusión sobre la efectividad de los modelos de focalización social en el país dio un giro definitivo tras la radicación de una iniciativa legislativa en el Congreso de la República.
De acuerdo con las estimaciones presentadas, uno de cada cuatro hogares pobres en Colombia no estaría debidamente identificado como tal bajo los parámetros del nuevo RUI, lo que dejaría a una porción significativa de la población en absoluta vulnerabilidad frente al acceso a los programas de ayuda estatal.
El impacto del nuevo modelo en las grandes ciudades
La situación genera especial preocupación en los principales centros urbanos del país. Según las cifras expuestas, el 28,5 % de la población focalizada en Bogotá estaría en inminente riesgo de perder la asistencia social del Estado al implementarse el instrumento de medición de carácter nacional.
- Cambio masivo de categoría: Más de la mitad de la población que actualmente se encuentra focalizada en la capital experimenta modificaciones en su clasificación socioeconómica con el modelo actual.
- Desajuste territorial: Las cifras oficiales detallan que más de 1.046.662 personas han sido reclasificadas en categorías que reflejan una menor pobreza, apartándose de su realidad económica cotidiana.
- Autonomía local: Ante este panorama, la representante a la Cámara por Bogotá, Nelly Patricia Mosquera, radicó un proyecto de ley orgánica orientado a facultar a las ciudades capitales, distritos y áreas metropolitanas con instrumentos propios de focalización.
«La propuesta busca darle más herramientas a los territorios sin romper la coordinación con la Nación. Quien financia un programa con recursos propios, debe tener mejores instrumentos para identificar a quién debe llegar», señaló la congresista durante la radicación del proyecto.
Objetivos y control en la distribución del gasto social
La iniciativa legislativa pretende solucionar las deficiencias históricas de los sistemas de identificación, evitando dos problemáticas recurrentes: que familias en condiciones apremiantes queden excluidas por errores metodológicos, y que los recursos públicos terminen llegando a hogares que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad.
- Reglas de coordinación: Establecer un puente normativo claro entre las administraciones locales y el Gobierno Nacional.
- Eficiencia presupuestal: Tomando como referencia el caso de Bogotá, donde cerca del 83 % de la inversión social se ejecuta con recursos propios y tan solo el 17 % proviene de la Nación, se argumenta la necesidad de herramientas de medición ajustadas a los contextos regionales.
Próximos pasos en el Congreso
El proyecto de ley continuará su trámite legislativo en el Congreso de la República, donde se espera un amplio debate sobre la descentralización de los datos socioeconómicos. Mientras tanto, las autoridades locales y los ciudadanos se mantienen a la expectativa de ajustes normativos que garanticen la estabilidad de los subsidios y la protección efectiva de las familias más necesitadas del país.
Fuente: Oficina de comunicaciones representante Nelly Patricia Mosquera
