“La reparación a víctimas avanza con pasos firmes: dos bienes urbanos en Bogotá, valorados en más de $23.600 millones, se destinan exclusivamente a quienes más han sufrido el conflicto armado.”
En una acción conjunta con la Fiscalía General de la Nación, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas recibió la entrega oficial de dos bienes inmuebles urbanos ubicados en Bogotá, cuyo valor catastral conjunto supera los $23.629 millones de pesos.
Estos bienes fueron asignados al Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV) y contaban con medidas cautelares tras ser vinculados a procesos de extinción de dominio.
Ambas propiedades están ubicadas en la Avenida Chile y fueron identificadas y alistadas por el FRV como parte de su estrategia de recuperación de activos.
- Primer inmueble: avalúo catastral de $12.386 millones
- Segundo inmueble: avalúo catastral de $11.243 millones
Importante: el avalúo comercial definitivo dependerá del fallo de extinción de dominio en firme. Mientras tanto, se toma como referencia el valor catastral, conforme a la Ley 1448 de 2011.
Declaraciones institucionales
Adith Rafael Romero Polanco, director de la Unidad para las Víctimas, celebró la entrega:
“Cada bien que se recupera y se destina a la reparación representa un paso firme hacia la justicia. Significa devolver a las víctimas parte de lo que la violencia les arrebató.”
¿Qué se hará con estos bienes?
- Se integrarán al patrimonio público con enfoque reparador
- Su administración estará a cargo del FRV
- Podrán ser monetizados solo si se concreta la extinción de dominio
- Se priorizarán para la reparación integral de víctimas del conflicto armado
Trabajo articulado por la justicia
Esta entrega es posible gracias al trabajo conjunto entre:
- Fiscalía General de la Nación
- Unidad para las Víctimas
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
- Otras entidades del Estado comprometidas con los procesos de justicia transicional
¿Por qué es clave esta acción?
- Aumenta el patrimonio disponible para la reparación directa
- Recupera bienes vinculados a actividades ilícitas y les da un propósito social
- Fortalece la confianza de las víctimas en las instituciones del Estado
