La Contraloría advierte que el Estado colombiano tardaría 300 años en cumplir con la reparación integral de las víctimas.
Un informe demoledor de la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia la crisis profunda que atraviesa la política de reparación en Colombia. Según el ente de control, al ritmo actual de gestión, el proceso de reparación colectiva no se completaría en décadas, sino que tardaría hasta 300 años, dejando en la incertidumbre a millones de personas afectadas por el conflicto armado.
El crítico informe de la Contraloría sobre la Reparación Colectiva
Tras una revisión exhaustiva de la ejecución de la Unidad para las Víctimas, la Contraloría General lanzó una alerta roja: apenas el 5 % de los Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) en el país ha logrado culminar su proceso.
A pesar de que la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) lleva más de una década vigente, los resultados proyectados hasta 2031 son desalentadores.
De los 1.197 Sujetos de Reparación Colectiva reconocidos oficialmente por el Estado, únicamente 60 han finalizado la implementación de sus Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC). El órgano de control proyecta que, si no se realizan cambios estructurales inmediatos, para el año 2031, fecha en que finaliza el mandato legal de la ley, solo el 9,4 % de los procesos habrán concluido satisfactoriamente.
Cifras y Hallazgos Clave del Atraso
El estudio intersectorial analizado entre 2018 y 2025 reveló datos preocupantes sobre la eficacia del sistema:
- Comunidades en riesgo: Más de 1.645 comunidades podrían quedarse sin reparación integral al cierre de la vigencia de la ley.
- Tiempo de espera: Aunque la normativa contempla plazos de 5 años, el cierre efectivo de un plan está tardando, en promedio, 10 años (el doble de lo legal).
- Baja ejecución presupuestal: De los $930 mil millones asignados a la Unidad para las Víctimas para este fin, solo se ejecutó el 58 % ($539 mil millones).
- Falta de obras materiales: Mientras los actos simbólicos avanzan, las medidas de restitución material registran apenas un 16,19 % de cumplimiento.
Causas del Incumplimiento: Gestión y Estabilidad Laboral
La Contraloría identificó que el problema no es únicamente presupuestal, sino de gestión administrativa. Uno de los factores que más golpea la ruta de reparación es la alta rotación del personal técnico.
En departamentos como Antioquia, Santander y Valle del Cauca, se detectó que la no renovación de contratos provoca una pérdida constante de conocimiento y obliga a las comunidades a repetir diagnósticos, generando desconfianza y revictimización.
Además, el desafío financiero para subsanar esta deuda histórica es monumental. Se estima que para lograr la reparación integral de los sujetos pendientes, el Estado colombiano requiere conseguir recursos por el orden de los $9 billones de pesos (a precios de 2025), una cifra que pone en jaque la sostenibilidad fiscal del país frente a sus compromisos internacionales y los Acuerdos de Paz.
Finalmente, el ente de control instó al Gobierno Nacional a adoptar medidas urgentes para fortalecer la capacidad operativa del sistema y garantizar la estabilidad de los equipos encargados de acompañar a las víctimas.
El «reloj de arena» sigue corriendo, y para miles de familias, la promesa de reparación parece alejarse cada vez más hacia un futuro inalcanzable.
