El presidente Gustavo Petro ha lanzado una polémica propuesta que podría cambiar el rumbo del sector energético colombiano: eliminar los subsidios al etanol y biodiésel. ¿Qué consecuencias tendría esto para tu bolsillo, el medio ambiente y la economía?
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Durante la VII Reunión Ministerial de Energía de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el presidente Gustavo Petro sorprendió con una declaración contundente: pidió eliminar los subsidios al etanol y al biodiésel en Colombia, dos de los biocombustibles más usados para reducir emisiones contaminantes.
“Le he pedido al ministro que le quitemos los subsidios al etanol y al biodiésel, así como se lo quitamos al diésel. Esta es política colombiana, sé que se estrella con intereses latinoamericanos”, dijo Petro, en un mensaje directo al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
Además, el mandatario criticó las decisiones fiscales anteriores:
“Nos acabaron prácticamente nuestra financiación con los subsidios a la gasolina. Los ministros de Hacienda crearon un hueco de 70 billones de pesos”, afirmó.
(Ver más: El galón de ACPM podría costar más de $15.000: lo que dice el borrador del decreto)
¿Qué son el etanol y el biodiésel?
Estos biocombustibles se mezclan con la gasolina y el diésel, respectivamente, para reducir sus emisiones. Por ley, en Colombia el 10% de los combustibles líquidos debe ser de origen vegetal: es decir, 1 de cada 10 galones es etanol o biodiésel.
Aunque el gobierno no transfiere recursos directos como subsidios tradicionales, sí existen exenciones tributarias que funcionan como beneficios para el sector:
Beneficios actuales a los biocombustibles
- IVA del 5% al ingreso del productor
- Exención del impuesto nacional
- Exención del impuesto al carbono
- Exención del 19% de IVA sobre el margen mayorista
- Exención de sobretasa (solo el biodiésel la paga)
¿Qué pasaría si se eliminan estos beneficios?
Según Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, si se eliminan las exenciones pero se mantiene la mezcla obligatoria, el resultado sería directo:
“Se generaría un aumento en el precio final del combustible”, advirtió.
Además, señaló que muchas plantas de producción están ubicadas en zonas francas con tarifa de renta diferencial. Sin estos beneficios fiscales, la sostenibilidad económica del sector podría estar en riesgo.
Otro impacto preocupante recaería sobre los biocombustibles de nueva generación, como el SAF (Sustainable Aviation Fuel o combustible sostenible de aviación). Este combustible, esencial para reducir las emisiones del transporte aéreo, es hasta tres veces más costoso que el tradicional.
“Sin exenciones, el SAF será inviable. Es un combustible caro por su sostenibilidad, la materia prima y la tecnología requerida”, agregó Vera.
