Una nueva ola de justicia y reparación llegó al Magdalena Medio y Antioquia. Más de 950 víctimas del conflicto armado recibieron indemnizaciones por parte de la Unidad para las Víctimas, reafirmando el compromiso del Estado con la dignidad y la no repetición.
La Unidad para las Víctimas continúa con su misión de reparación integral al entregar esta semana más de $9.471 millones en indemnizaciones a personas afectadas por el conflicto armado en dos regiones clave del país.
En San Pablo, Bolívar, se entregaron 154 cartas de indemnización por un valor total de $1.271 millones. Esta entrega marca uno de los primeros actos oficiales liderados por el nuevo director de la Unidad en el Magdalena Medio, Óscar Vera, quien reafirmó el compromiso de la entidad con los principios de dignificación, justicia y no repetición para los sobrevivientes del conflicto.
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«Esta entrega es una muestra del trabajo constante por saldar la deuda histórica con las víctimas. No solo es un apoyo económico, es un acto de memoria y dignidad», señaló Vera.
Pero la jornada de reparación no se limitó a Bolívar. En Antioquia, un total de 802 víctimas provenientes de Medellín y sus alrededores recibieron más de $8.200 millones en indemnizaciones. Se priorizaron personas con situaciones de vulnerabilidad acentuadas: campesinas, indígenas, afrocolombianas y con afectaciones graves.
Estas acciones hacen parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional y la Unidad para las Víctimas por avanzar en la reparación integral a las personas afectadas por el conflicto armado, uno de los pilares del Acuerdo de Paz y de la Ley de Víctimas.
¿Cómo usarán la indemnización?
Muchos de los beneficiarios manifestaron que destinarán el dinero para fines como:
- Compra o mejora de vivienda
- Educación superior y técnica
- Ahorro programado
- Tratamientos médicos especializados
- Fortalecimiento o inicio de emprendimientos productivos
Este uso consciente del dinero refleja el deseo de superación y autonomía económica por parte de quienes, a pesar de su doloroso pasado, apuestan por reconstruir su proyecto de vida.
Estas acciones no solo representan una compensación económica, sino un reconocimiento del daño causado y un paso más hacia la reconciliación y la construcción de una paz sostenible en los territorios más golpeados por la violencia.
