Bogotá se convirtió en el epicentro de significativos avances interinstitucionales que buscan mejorar los sistemas de información y el apoyo psicosocial para las víctimas del conflicto armado en Colombia.
A través de subcomités técnicos organizados por el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), se definieron planes estratégicos para 2025.
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Estrategias para fortalecer la información
Uno de los puntos clave del encuentro fue el Subcomité Nacional de Sistemas de Información. Este reunió a diversas entidades del SNARIV con el objetivo de crear un plan de trabajo colaborativo.
La meta es mejorar la interoperabilidad y el fortalecimiento de los sistemas de información, un área crucial para la atención de víctimas.
Felipe López Castillo, quien es subdirector de la Red Nacional de Información, explicó que es vital que todas las entidades implicadas en la política de víctimas trabajen de manera conjunta. “Nuestra labor es articular los esfuerzos de las entidades dentro del SNARIV para crear un plan anual eficiente”, detalló.
Democratización de la información
En el evento, representantes de la Mesa Nacional de Víctimas resaltaron la importancia de democratizar el acceso a la información. Destacaron la necesidad de fortalecer las mesas departamentales en regiones como Quindío, Santander, Huila y Nariño.
El enfoque de estos esfuerzos es garantizar una conexión efectiva entre las decisiones políticas tomadas a nivel nacional y los desafíos locales. “No podemos continuar con esquemas aislados. Necesitamos una verdadera articulación entre nación y territorio”, enfatizó López Castillo.
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Compromisos en atención psicosocial
Simultáneamente, el Subcomité de Rehabilitación aprobó un Plan Operativo para 2025 enfocado en el apoyo psicosocial a las víctimas.
Este espacio fue fundamental para recoger sugerencias y asegurar compromisos concretos de las entidades del SNARIV.
Luisa Horta Orozco, subdirectora del SNARIV, recalcó la importancia de estos subcomités. “Aquí es donde las víctimas plantean sus necesidades y las entidades asumimos compromisos claros. Estos son espacios de participación real y efectiva”, explicó.
Un punto destacado del plan de trabajo fue la atención especializada para niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad, siguiendo las directrices de la Ley 2421 de 2024.
Esta ley exige medidas específicas para aquellos menores que han perdido a sus padres debido a situaciones de violencia. “Es fundamental que estas prioridades se implementen adecuadamente”, subrayó Horta.
Con estas iniciativas, la Unidad para las Víctimas busca fortalecer su capacidad de respuesta, promoviendo políticas públicas mejor articuladas y centradas en el respeto a los derechos de las víctimas. Se avanza así hacia un futuro donde las acciones del Estado sean verdaderamente eficientes en la reparación del daño causado.
