En un paso histórico hacia la reparación de las víctimas del conflicto armado, el Gobierno Nacional instaló este martes en el Congreso la Comisión de Financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, un órgano interinstitucional que busca garantizar los recursos necesarios para atender a más de 9,9 millones de personas afectadas por la violencia en Colombia.
Esta comisión, liderada por el presidente Gustavo Petro, fue convocada por la Unidad para las Víctimas y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), y tiene como objetivo establecer nuevas fuentes de financiación que aseguren la implementación de la Ley 2421 de 2024, que reformó la Ley 1448 de 2011.
Una deuda histórica con las víctimas
Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el costo estimado para aplicar la ley hasta 2031 supera los 161 billones de pesos. Sin embargo, cálculos de la Contraloría General de la República advierten que se necesitarían al menos 303,9 billones para cumplir plenamente con las medidas de asistencia, atención y reparación integral.
“Este paso que damos hoy es un reconocimiento histórico a todo el proceso y a la lucha que han encabezado las propias víctimas”, afirmó Carolina Hoyos Villamil, directora (e) de Prosperidad Social.
Desde 2011, se han invertido alrededor de 13,3 billones de pesos, lo cual solo ha cubierto al 17 % de las víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV). Entre ellas, más de 8,8 millones han sufrido desplazamiento forzado, más de un millón han sido víctimas de homicidio y cientos de miles han enfrentado violencia sexual, tortura o reclutamiento forzado.
“La paz no se decreta, se financia”
El nuevo director de la Unidad para las Víctimas, Adith Rafael Romero Polanco, fue enfático: “La paz no se decreta, se financia. No hay justicia sin voluntad, y no hay voluntad sin compromiso presupuestal. Esta comisión no puede ser un ejercicio superficial, es un acto de Estado con un deber ético y político”.
Romero subrayó que el propósito de esta instancia es garantizar los recursos para cubrir al 83 % restante de víctimas que aún no han sido reparadas.
¿Qué hará la Comisión de Financiamiento?
La Secretaría Técnica, a cargo de la Unidad para las Víctimas, tendrá la responsabilidad de:
- Calcular el costo acumulado de la deuda del Estado con las víctimas.
- Establecer mecanismos sostenibles de financiación.
- Concertar con entidades nacionales y territoriales los compromisos presupuestales.
- Convocar a todos los actores del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).
Además, la comisión se reunirá cada dos meses y podrá ser convocada de forma extraordinaria. Las decisiones requerirán el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros.
Un modelo transparente y participativo
El evento concluyó con la firma del Acuerdo de Instalación, en el que las entidades participantes se comprometieron a construir un modelo de financiación técnico, transparente y participativo, enfocado en responder a las necesidades reales de las víctimas y superar los desafíos territoriales.
¿Quiénes conforman la Comisión?
La comisión está integrada por:
- Unidad para las Víctimas
- Prosperidad Social
- Ministerios de Hacienda, Igualdad, Interior y Salud
- Departamento Nacional de Planeación
- Unidad de Restitución de Tierras
- Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz
- Ministerio Público (Defensoría, Procuraduría y personerías)
- Representantes de víctimas, comunidades étnicas y entidades del SNARIV
Con esta acción, el Gobierno reafirma su compromiso con la reparación integral como componente esencial de la paz, y busca transformar una deuda histórica en una oportunidad real de justicia, verdad y no repetición.
